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La nueva Constitución de Bolivia: Evitar la confrontación violenta

Informe sobre América Latina N°23 31 Aug 2007

Bolivia corre el riesgo de que se reanuden la confrontación y la violencia en la medida en que el gobierno del presidente Evo Morales y su Movimiento al Socialismo (MAS) buscan incluir vastas reformas estatales en una nueva Constitución. Sus propuestas han sido duramente criticadas en la Asamblea Constituyente (AC) por líderes de la oposición que representan a las tierras bajas del oriente y a las clases medias urbanas, y la disputa está ahondando la brecha en un país ya de por sí polarizado. La vigencia de la AC se extendió hasta el 14 de diciembre de 2007, pero el tiempo corre en contra de los asambleístas. En los próximos cuatro meses, los líderes políticos de Bolivia tienen que entablar un diálogo de amplio alcance con el fin de lograr un consenso nacional sobre temas fundamentales.

Los temas en juego incluyen la naturaleza misma del Estado, ya sea unitario o descentralizado con fuertes elementos federales; cambios importantes en el equilibrio entre las ramas ejecutiva, legislativa y judicial del poder estatal; y un nuevo orden territorial, con demandas emotivas y enfrentadas de autonomía regional, indígena y local, y donde cada lado equipara el triunfo o la derrota con la supervivencia política y económica. El MAS y sus partidos y movimientos sociales aliados presionan por el establecimiento de un “Estado unitario plurinacional comunitario” que, en su opinión, compensaría los siglos de exclusión de los pueblos indígenas. La propuesta trascendería las fronteras regionales y económicas tradicionales y ha encontrado una firme oposición por parte de los sectores sociales y políticos afectados, que aseguran que las divisiones políticas étnicas serían el preludio de la balcanización de Bolivia.

La AC tuvo un año para solucionar estos y otros temas en una nueva Constitución, pero el grueso del tiempo se desperdició en discusiones sobre los procedimientos de votación y acerca de cómo manejar las propuestas de la oposición. La más férrea oposición contra Morales, que ha incluido brotes esporádicos de violencia, proviene de los prefectos y los comités cívicos de los departamentos de Santa Cruz, Tarija, Beni y Pando. También se han presentado conflictos entre las poblaciones urbanas y rurales.

El 3 de agosto de 2007, el MAS y los partidos de oposición llegaron a un acuerdo de último momento en el Congreso para autorizar la ampliación de la AC por cuatro meses, hasta el 14 de diciembre. Ese acuerdo también abordó otros temas, entre ellos el respeto por las propuestas de las minorías; la implementación de la autonomía departamental en la región oriental de conformidad con el referéndum de julio de 2006; y la creación de una “comisión política” de alto nivel ajena a la AC para que ayude a lograr un consenso, una tarea difícil a la luz de las posturas intransigentes que durante doce meses tuvieron los asambleístas tanto del gobierno como de la oposición.

El manejo que Morales le ha dado a su gobierno también ha suscitado críticas de la oposición, que afirma que la incertidumbre política está frenando la muy requerida inversión extranjera y privada. Aunque los ingresos públicos hayan aumentado gracias a los altos precios de los productos primarios, los elementos pro gubernamentales están luchando entre sí por el control del dinero derivado del petróleo, el gas y la minería. La política de tenencia de la tierra causa descontento no sólo entre los grandes terratenientes y la agroindustria, sino también entre los campesinos sin tierra, un sector importante de los electores de Morales, quienes protestan por los títulos colectivos de tierra que benefician exclusivamente a los pueblos indígenas.

Si el presidente Morales no lidera el nuevo diálogo de manera tal que apacigüe las tensiones y logre el consenso, corre el riesgo de que estalle nuevamente la violencia y, en última instancia, de que fracase su proyecto de cambio cuasi revolucionario.

RECOMENDACIONES

Al gobierno de Bolivia:

1.  Maximizar las posibilidades de que la Asamblea Constituyente (AC) logre un acuerdo sobre el texto o los textos constitucionales que serán presentados a referéndum popular para su ratificación, mediante negociaciones lideradas por el presidente Morales con todas las fuerzas políticas con el ánimo de producir una declaración suscrita por todos los asambleístas de la AC que comprometa a sus partidos y movimientos a:

a) llegar a ese acuerdo para el 14 de diciembre de 2007;

b) rechazar la violencia y castigar a los militantes de cualquier movimiento político o social que participe en ella o la instigue;

c) poner fin al empleo de marchas y paros para presionar a la AC; y

d) encontrar mecanismos para incorporar de manera compatible los elementos de autonomía departamental para Beni, Pando, Santa Cruz y Tarija, según se describe en el referéndum de julio de 2006, así como la autonomía indígena.

2.  Dar a la comisión política de alto nivel todos los recursos que requiere para cumplir su tarea de construcción de consenso.

3.  El presidente Morales y los nueve prefectos departamentales elegidos deben reiterar su respeto mutuo y promover un diálogo permanente entre los representantes políticos y de la sociedad civil de las tierras bajas del oriente y el altiplano occidental.

4.  Los delegados presidenciales a nivel departamental se deben seleccionar de manera no partidista y deben actuar como supervisores contra la corrupción bajo una autoridad estatutaria clara, hasta cuando sean elegidas las asambleas departamentales y puedan asumir esa función de supervisión.

5.  El gobierno se debe comunicar mejor con los representantes del sector privado y los inversores extranjeros, de modo que el proceso de nacionalización se lleve a cabo con transparencia, sin sorpresas y de conformidad con las normas internacionales.

6.  El gobierno debe ordenar a las fuerzas de seguridad y a la fiscalía general que disuelvan los grupos extremistas de ambos lados del espectro político, que arresten y juzguen a los miembros de estos grupos que hayan instado o participado en acciones violentas, y que incauten y destruyan sus armas.

Al Congreso boliviano:

7.  Trabajar conjuntamente con el gobierno para promover la integración de los pueblos indígenas a la vida nacional, de conformidad con la Convención No. 169 de la Organización Internacional del Trabajo.

A la mesa directiva de la Asamblea Constituyente:

8.  Preparar un nuevo mecanismo de votación hacia comienzos de septiembre de 2007 que prevea:

a) la votación plenaria inmediata de todos los artículos de la nueva Constitución que logren consenso en los comités temáticos;

b) la consideración y el voto de la plenaria sobre propuestas de las minorías con respecto a los artículos que sigan siendo contenciosos, según contempla la enmienda de la ley sobre la Asamblea Constituyente que extendió la vigencia de dicha asamblea; y

c) la presentación a referéndum nacional de los artículos que obtengan una votación mayoritaria simple pero no una mayoría de dos tercios.

9.  Debatir abiertamente los temas polémicos y divulgar la información ampliamente mediante foros públicos y a través de los medios de comunicación, incluida la posibilidad de transmitir las sesiones plenarias por radio y televisión.

10.  Mantener un diálogo permanente con la comisión política de alto nivel de modo que los acuerdos que ésta logre se comuniquen rápidamente y con precisión a los asambleístas de la AC.

A los partidos políticos y los movimientos sociales:

11.  Comprometerse con procesos de modernización que permitan una participación más directa de las organizaciones populares en el debate político y abrir los comités cívicos a segmentos más amplios de la población, incluida la elección de su dirigencia por la totalidad de sus miembros.

12.  Fomentar el diálogo entre el gobierno y el MAS, por un lado, y los prefectos de la oposición y los comités cívicos de las tierras bajas del oriente, por el otro, sobre la mejor manera de implementar las políticas de inclusión social y desarrollo económico de los pueblos indígenas de las tierras bajas orientales, los campesinos sin tierra y los emigrantes del altiplano occidental.

Bogotá/Bruselas, 31 de agosto de 2007

 
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