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¿Por qué no arranca la paz con el ELN?

Kyle Johnson, Razón Pública  |   11 Jul 2016

El gobierno insiste en que no habrá negociación mientras prosigan los secuestros y la guerrilla insiste en que esa condición desconoce la agenda. ¿Cuál es entonces el  futuro del proceso de paz con “la otra guerrilla”?


El impase

El Ejército de Liberación Nacional (ELN) culpa al gobierno por el estancamiento de las negociaciones. En uno de sus programas de radio, el grupo declaró que “desde el gobierno colocan (sic) condicionamientos que no están dentro de lo pactado”. El grupo se refiere al rechazo del gobierno a iniciar la fase pública de las negociaciones mientras el ELN no renuncie al secuestro y libere a todas las personas en su poder.

En esta situación surgen dos preguntas apremiantes:

  • ¿Por qué el ELN sigue realizando secuestros?
  • ¿Qué se puede hacer para superar este impasse y empezar los diálogos?

La historia se repite

La guerrilla insiste en que la renuncia al secuestro no está dentro de la agenda pactada el 30 de marzo y en que por tanto se trata de una exigencia nueva que debería negociarse después de haberse instalado la mesa. De esta manera la renuncia al secuestro –o a las “retenciones”, como prefiere llamarlas– sentaría un precedente peligroso porque implicaría que cualquiera de las partes podría en cualquier momento “desconocer lo que se firma”.  

Sin embargo el apego de este grupo guerrillero al secuestro ya ha traído problemas en previos intentos de negociación. Para aludir apenas al intento más reciente, durante la fase exploratoria con el gobierno Uribe entre 2004 y 2005 (facilitada por el exembajador de México en Colombia, Andrés Valencia Benavides), la negociación de un cese al fuego temporal parecía apuntar también al cese temporal del secuestro por parte del grupo guerrillero. Pero después de un intercambio de comunicaciones, el Comando Central del ELN aclaró que el secuestro no hacía parte del acuerdo de cese al fuego.

El segundo comandante de esta agrupación, Antonio García, hacia el final de la facilicación mexicana, defendió así la posición de la guerrilla: “como el ELN se ha negado y se seguirá negando a involucrarse en el narcotráfico, ahora no puede suspender las retenciones y las impuestaciones (sic), porque necesitamos financiar nuestras actividades políticas y sociales y el sostenimiento de nuestros hombres”. Esta actitud provocó una respuesta crítica del gobierno y finalmente condujo al fin de la facilitación mexicana y a un nuevo impase.

¿Lo local o lo nacional?

La práctica del secuestro por parte del ELN podría ser resultado de un cálculo político donde prima el poder local sobre su legitimidad política en el plano nacional. Para evaluar esta hipótesis deben tenerse en cuenta dos elementos:

-No renunciar al secuestro tiene un costo político muy alto por el rechazo que esta práctica produce entre los colombianos. En una encuesta en mayo, la agencia Gallup encontró que incluso después de anunciar el inicio de las negociaciones, el apoyo al proceso de paz con el ELN había disminuido en cinco puntos, al 56 por ciento, y el rechazo había aumentado del 35 al 40 por ciento.

Sin embargo el apoyo al proceso con el ELN se elevó en julio hasta el 70 por ciento. Este sin duda fue un efecto del acuerdo del 23 de junio con las FARC y una muestra del respaldo a la negociación en general como ruta hacia la paz.

-El segundo elemento es lo local. Cuando se analizan las razones del ELN para mantener la práctica del secuestro, es evidente que sus justificaciones, si las hay, se refieren sobre todo a temas “locales”. El grupo busca mantener el control sobre las comunidades donde históricamente ha estado presente.

Por ejemplo, el gobierno y los medios reportaron como secuestrados a los pescadores en Morales, Bolívar, mientras el ELN decía que los obligó a hacer “trabajo comunitario” como sanción por utilizar redes “gigantes” de pesca, lo cual despertó las alarmas entre la población local. En este caso, el ELN supuestamente actuó guiado por la idea de mantener cierta legitimidad en esas comunidades locales; el costo político nacional, sin embargo, fue alto.

En el caso de Salud Hernández y los demás periodistas secuestrados en el Catatumbo a finales de mayo, la justificación, de nuevo, se basaba en lo local. El grupo guerrillero argumentó que existían riesgos de inseguridad en el Catatumbo que podrían ser ocasionados por personas que llegaban de afuera de la región. La retención de Hernández ocurrió entonces bajo el pretexto de un supuesto procedimiento de seguridad. De nuevo, la justificación se basó en el cuidado de la población local y, no obstante, el costo político fue enorme. Tanto que Timochenko condenó públicamente el hecho.

Otro ejemplo, aunque no tan reciente, es el del alcalde de Alto Baudó, quien fue secuestrado por el frente Resistencia Cimarrón en diciembre de 2014. En febrero de 2015, el ELN anunció que tenía privado de la libertad al alcalde por supuesta corrupción. El grupo guerrillero iba a obligarlo a rendir cuentas y a devolver el dinero supuestamente robado. Al parecer, después de un “juicio político” fue liberado en marzo de 2015. La estrategia de justicia guerrillera para castigar la corrupción no es nueva para el ELN y contribuye a su “autopercepción” como un defensor legítimo de intereses locales.

Sin embargo hay otro aspecto en juego. El ELN no ha podido llegar a un consenso interno acerca de la necesidad de renunciar públicamente al secuestro. En palabras de León Valencia, para el ELN, “el secuestro (…) hace parte integral del conflicto”. Este argumento tiene costos políticos para la organización que afectan directamente la legitimidad y la posibilidad de la negociación. Pero el grupo cree que esa tenacidad los fortalece en lo local, aunque realmente lo que está haciendo es dispararse en el pie. Sobre todo cuando utiliza el secuestro para obtener recursos financieros, como ocurrió en el caso de Ramón José Cabrales, cuya familia denunció, después de su liberación, que había pagado por su libertad.

Un salida posible

El proceso de negociación con ELN no puede avanzar sin que el grupo renuncie públicamente al secuestro. Como ha dicho Carlos Velandia (actualmente detenido y acusado de haber participado en el secuestro del kilómetro 18 en 2000, a pesar de que estaba en la cárcel cuando ocurrió): una negociación con un ELN que no ha renunciado al secuestro carecería de legitimidad política y cualquier caso de secuestro mientras se negocia amenazaría todo el proceso. Además, las consecuencias de la no renuncia a esta actividad son judiciales: el secuestro, o la toma de rehenes, es un crimen de guerra. No renunciar públicamente a él aumenta la presión sobre el Estado colombiano para que investigue y condene al ELN.

Por todo lo anterior, renunciar de una vez por todas al secuestro debería ser de gran utilidad para la propia guerrilla. Pero hay que encontrar una fórmula adecuada para ello: ¿cuál podría ser?

Dado que el gobierno no quiere un cese bilateral y que el ELN probablemente no querría aceptar todas las formalidades de un cese bilateral formal (como concentrar toda su fuerza militar), desde el comienzo de las negociaciones la mejor fórmula puede ser un cese bilateral de facto una vez que el ELN renuncie al secuestro.

Las medidas de desescalamiento con las FARC pueden servir como modelo, con los ajustes que consulten la identidad y circunstancias específicas del ELN. En todo caso, ambas partes deberían tener el “derecho a la autodefensa”. Eso podría facilitar el proceso de verificación del cese bilateral con las FARC sin crear más trabajo para la misión de la ONU.

Es importante que el ELN vea que los costos políticos del secuestro y otros actos violentos cometidos por el grupo también los paga el gobierno. Esto disminuye los incentivos de Santos para una negociación con ellos y limita el alcance de concesiones posibles en la mesa de diálogo debido al escaso apoyo público. Es un círculo vicioso del cual solamente se puede escapar con voluntad política.

Finalmente, el gobierno podría facilitar una reunión entre el equipo negociador del ELN y Timochenko, posiblemente con la participación de Gabino, para que el comandante de las FARC relate su experiencia de renuncia al secuestro económico. Timochenko no tendría que intentar convencer al ELN, sino explicarle las razones de la decisión de las FARC y el efecto que ella tuvo sobre su poder en las localidades y sobre las negociaciones de La Habana.

La renuncia al secuestro no tiene que ser una camisa de fuerza impuesta al ELN. Puede hacer parte de las medidas de construcción de confianza entre el grupo y el Estado. Sin embargo, la principal contribuición de la renuncia sería construir confianza con la sociedad colombiana, que es indispensable para una negociación políticamente sostenible.

 
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