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Venezuela: inercia peligrosa

Latin America Briefing N°31 23 Sep 2014

PANORAMA GENERAL 

Tras varios meses de violentos enfrentamientos entre manifestantes de la oposición, fuerzas de seguridad y civiles armados que dejaron un saldo de más de 40 muertos, las calles de las principales ciudades de Venezuela vuelven a estar relativamente tranquilas. La oposición exige la liberación de docenas de activistas encarcelados durante los disturbios, y el cese de la amenaza de enjuicimianto para más de 2.000. No se han abordado las causas subyacentes, ni se han escuchado los llamados a restaurar la autonomía e independencia del sistema judicial y otras instituciones clave. El nivel de vida continúa deteriorándose debido a la recesión económica; el crimen y la violenciua continúan batiendo records, y los conflictos laborales y las protestas por la mala calidad de los servicios públicos reciben a menudo un trato muy severo. Se necesita un mayor esfuerzo internacional para volver a llevar a las partes a la mesa de negociación, y es probable que tarde o temprano la alternativa al diálogo sean nuevos brotes de violencia.

Las negociaciones entre el gobierno y los líderes de la alianza opositora Mesa de Unidad Democrática (MUD), facilitadas por la Unión de Naciones Suramericanas (UNASUR) y el Vaticano, se suspendieron en mayo de 2014, cuando la MUD anunció que había decidido “congelar” su participación, citando la represión de las protestas estudiantiles. Las divisiones internas a las que se enfrentan la MUD –cuyo secretario ejecutivo y secretario ejecutivo adjunto dimitieron recientemente– y el partido gobernante, el Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), han tornado aún más complicado volver a llevar a las partes a la mesa de negociación. Los ministros de relaciones exteriores  de UNASUR encargados de acompañar el proceso (de Brasil, Colombia y Ecuador) no han mantenido reuniones formales con las partes desde poco después de la suspensión de las negociaciones.

Sigue siendo importante que la comunidad internacional juegue un papel en facilitar el diálogo político, y sugiera vías para llegar a acuerdos sobre las cuestiones pendientes. El reciente nombramiento de un nuevo secretario general de la UNASUR debería dar un nuevo impulso al proceso. Por su parte, esta organización regional se beneficiaría enormemente del apoyo técnico y político del sistema de Naciones Unidas, que cuenta con mucha más experiencia en el asesoramiento sobre políticas públicas y reformas legales y ya brindó su apoyo a Venezuela en 2002. Inicialmente, esta ayuda podría centrarse, por ejemplo, en reforzar la capacidad de la UNASUR para producir análisis y recomendaciones sobre políticas, y más adelante en ayudar a diseñar un marco creíble para las negociaciones. Esto beneficiaría a ambas partes, y a la sociedad venezolana en general. La oposición requiere claramente de un observador imparcial que sea capaz de ofrecer garantías, mientras que al gobierno le convendría incorporar a actores internacionales creíbles, como la UNASUR, a las negociaciones para conseguir más apoyo en algunas de las difíciles decisiones a las que se enfrenta.

La más urgente de las tareas pendientes es terminar de nombrar a miembros respetados e independientes en el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), el Consejo Nacional Electoral (CNE) y otros organismos constitucionales autónomos del  estado – un proceso que recibió un impulso en la primera ronda de negociaciones, pero que ahora amenaza con estancarse. Con el deterioro de la popularidad del gobierno a raíz de la crisis, la necesidad de contar con instituciones autónomas capaces de cumplir sus mandatos constitucionales es cada vez más crítica.

Como ha sostenido Crisis Group desde mayo, la comunidad internacional –en particular UNASUR, pero también el sistema de Naciones Unidas– debe:

  • presionar a ambas partes para que acuerden un cronograma conciso y viable, y un mecanismo confiable, para nombrar a nuevos miembros de las principales instituciones del Estado de Derecho; 
  • instar al gobierno a liberar a las personas detenidas por su participación en manifestaciones políticas no violentas;
  • llamar a la oposición a reafirmar y cumplir su compromiso de recurrir exclusivamente a vías constitucionales; y
  • redoblar, a través de la UNASUR y con la ayuda del sistema de Naciones Unidas, los esfuerzos para ayudar a Venezuela a superar su actual polarización en aras de promover la democracia, los derechos humanos y la estabilidad en un país aún sumido en la crisis.

Caracas/Bogota/Bruselas, 23 de septiembre de 2014

 
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