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Venezuela: ¿hay luz al final del túnel?

Phil Gunson , Esglobal  |   12 Jan 2016

Por primera vez desde 1999, el régimen socialista revolucionario de Venezuela tiene ante sí un Parlamento dominado por la oposición. Sin embargo, en vez de buscar alguna forma de cohabitación con sus adversarios políticos, el Gobierno ha escogido la vía del enfrentamiento directo, que hace que vuelva a asomar la perspectiva de grave violencia política en este país de 30 millones de habitantes.

Tras su abrumadora victoria electoral del 6 de diciembre, que le dio 112 de los 167 escaños en la cámara única de la Asamblea Nacional, la coalición del Movimiento de Unidad Democrática (MUD), una alianza de partidos fundamentalmente de centro y centro izquierda formada en 2008, asumió la presidencia de la legislatura el 5 de enero.

Pese a las amenazas del presidente Nicolás Maduro y otros líderes del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) de “tomar las calles”, el traspaso fue pacífico, salvo por algunos casos menores de violencia y momentos de tensión durante la sesión inaugural. Fuertes contingentes de policía antidisturbios y tropas de la Guardia Nacional mantuvieron separados a los miles de manifestantes de ambos bandos.

La mayoría parlamentaria saliente, dirigida por la segunda figura más poderosa del país, Diosdado Cabello, no se retiró de buen grado. Desmanteló el canal de televisión de la Asamblea, ANTV, y se llevó su material. No obstante, aunque el Parlamento ya no cuente con su propia emisora de televisión, por lo menos de ahora en adelante estará abierta a todos los periodistas, después de años en los que sólo se permitía entrar en la cámara a los propagandistas del gobierno en la ANTV.

Ahora que ya se ha producido la toma de posesión, queda todavía por resolver un problema mucho mayor. Si bien Maduro reconoció su derrota a las pocas horas de que cerraran los colegios electorales, hasta el momento no ha dado ninguna señal de entender su importancia. En lugar de tratar de colaborar con la nueva legislatura para solucionar la grave crisis económica y social que aflige al país, ha decidido cerrar filas en un intento de resistirse al cambio que el electorado claramente desea.

La remodelación del Gobierno anunciada el 6 de enero, que se esperaba desde hacía mucho tiempo, reafirmó de nuevo la postura del Presidente: la respuesta a la crisis es más revolución. Maduro nombró como responsable del equipo económico a un ultrarradical, Luis Salas, cuyas propuestas parecen garantizar que el país caerá en la hiperinflación y se acelerará el derrumbe de la economía.

En sus últimas semanas, el Parlamento dominado por el Ejecutivo se apresuró a aprobar varias leyes y medidas concebidas para impedir el programa de reformas del MUD. Por ejemplo, quitó a la cámara el poder de nombrar a los miembros del consejo del Banco Central (BCV), y estableció por ley la supresión de sus estadísticas económicas.

Pero la medida más inquietante -y que ya ha tenido una gran repercusión- fue la precipitada sustitución de más de un tercio de los 32 miembros del Tribunal Supremo (TSJ). Los 13 nuevos jueces son, todos, leales al Gobierno. Algunos eran parlamentarios del PSUV, que aprobaron mediante votación sus propias designaciones, entre ellos el presidente del comité de selección. Muchos no cumplían los requisitos legales para el puesto, y tampoco se respetó el procedimiento de designación.

El objetivo indudable del Ejecutivo era impedir que el Parlamento entrante sustituyera a los miembros del Tribunal Supremo cuyo mandato terminaba este año. Maduro ha dejado claro que va a intentar utilizar al tribunal (y en especial su sección constitucional) para bloquear cualquier medida legislativa que no sea del agrado de su Gobierno. Ya antes de que juraran los cargos los nuevos parlamentarios, la sección electoral del tribunal trabajó durante las fiestas, un hecho infrecuente, para poder admitir los recursos legales contra la elección de una docena de diputados, todos ellos, menos uno, representantes de la oposición.

El tribunal también aprobó una orden judicial para suspender la toma de posesión de los cuatro parlamentarios elegidos por el estado de Amazonas, incluidos tres de la oposición, debido a una presunta compra de votos. El MUD se limitó a aplazar la ceremonia hasta el día siguiente. La suspensión de los tres escaños de la oposición en el Amazonas es crucial porque da al MUD una supermayoría que les permitiría, entre otras cosas, designar o destituir a altos funcionarios e incluso (con un referéndum) reformar la constitución.

El Tribunal Supremo, controlado por los chavistas,  ha declarado a la mesa del Parlamento en desacato. Cabello insiste en que, mientras desafíen la orden judicial, cualquier decisión tomada por la asamblea será nula y carente de validez. Ha exigido que se deje en suspenso su financiación.

Al Ejecutivo le desagrada gran parte de la agenda legislativa de la oposición, si no toda, especialmente centrada en medidas económicas y sociales. Además, Maduro se ha comprometido a bloquear la promesa del MUD de conceder una amnistía a los presos políticos y los exiliados. Es especialmente llamativa una de sus maniobras: a los pocos días de la elección, el Gobierno instaló en la sede del viejo Senado un “Parlamento Comunal Nacional”, no elegido, y afirma que a través de él “el pueblo” legislará directamente.

Una solución posible para el bloqueo judicial es que el Parlamento reforme la ley que rige el Tribunal Supremo y amplíe el número de miembros para diluir el control del Gobierno. Pero a la hora de la verdad, si Maduro se mantiene firme, la única forma de que la oposición pueda ganar esta partida de ajedrez político a medio plazo será lograr que deje el poder por medios constitucionales. Henry Ramos, el nuevo presidente de la Asamblea Nacional, ha dicho que el MUD ideará una manera de hacerlo de aquí a seis meses, a no ser que el Ejecutivo cambie de actitud. Una posibilidad es un referéndum revocatorio, que, según la Constitución, se puede poner en marcha en sólo unos meses.

Hasta ahora, el principal socio internacional de Venezuela, la Unión de Naciones Suramericanas (UNASUR), no ha dicho nada sobre las maniobras del Ejecutivo para conservar el poder, si bien los gobiernos de Argentina, Costa Rica y Estados Unidos y el secretario general de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro, han alzado la voz contra la manipulación del aparato judicial por parte de Maduro. El Ministerio de Asuntos Exteriores de Brasil emitió una declaración en la que advertía de que no hay “cabida, en la Suramérica del siglo XXI, para soluciones políticas ajenas al marco constitucional y el más absoluto respeto a la democracia y el Estado de derecho”.

La situación está clara: al declarar la Asamblea en desacato y dejar sus decisiones sin validez, en la práctica está clausurándose el Parlamento electo y se está abandonando el régimen constitucional.

Para UNASUR y el resto de la comunidad internacional, lo prioritario debe ser evitar la posibilidad de que Venezuela se deslice hacia una verdadera dictadura, y para ello deben pedir cuentas al Gobierno con arreglo a la Carta Democrática Interamericana y otros tratados.

Si los socios internacionales de Venezuela no toman medidas, contribuirán a la politización y la posible desestabilización de la región andina. Con la amenaza, además, de un estallido social. El precio del petróleo, que fomentó el éxito del difunto presidente Hugo Chávez, está cada vez más bajo. Los alimentos, las medicinas y otros artículos de primera necesidad escasean cada vez más, y la inflación ha alcanzado una tasa anualizada del 500%.

El hecho de que la oposición haya logrado llevar a cabo un cambio pacífico y democrático en el Parlamento venezolano permite pensar tal vez que hay luz al final del túnel que atraviesa el país. Sin embargo, de momento, nadie puede saber con certeza si esa luz no son los faros de un tren que viene hacia nosotros.

Traducción de María Luisa Rodríguez Tapia. 



 
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