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Totonicapán: tensión en las tierras indígenas de Guatemala

Latin America Report N°47 6 Feb 2013

RESUMEN EJECUTIVO Y RECOMENDACIONES

El 4 de octubre de 2012 soldados guatemaltecos presuntamente abrieron fuego en contra de manifestantes mayas del altiplano de Totonicapán, matando a seis e hiriendo a más de 30. Fue una tragedia que parecía mostrar no sólo los peligros de usar al ejército para mantener el orden público sino también las crecientes tensiones dentro de las empobrecidas comunidades indígenas. Aunque inicialmente el presidente Otto Pérez Molina negó la responsabilidad militar en la matanza, hizo lo correcto al permitir a fiscales llevar a cabo una investigación exhaustiva. El gobierno ahora debe intensificar los esfuerzos para reformar y reforzar la policía nacional, a través de metas claras para un retiro de los militares de las funciones de de orden público. Para minimizar el riesgo de nuevos enfrentamientos se deben abordar las demandas legítimas de las comunidades indígenas para el acceso a electricidad, educación y tierras, así como también a su derecho de ser consultadas sobre decisiones que afecten su cultura y subsistencia.

La militarización de la policía es especialmente peligrosa en un país con desigualdades económicas abismales entre los descendientes de los colonizadores europeos y los pueblos originarios, en su mayoría de ascendencia maya. Las protestas de la población indígena –afectadas por la pobreza– contra la minería y los proyectoshidroeléctricos y a favor de mayor acceso a la educación, tierra y servicios públicos, están en aumento. El detonante de las protestas de octubre fueron los altos precios de la electricidad. Pero los manifestantes también incorporaron demandas por una educación asequible y por el reconocimiento y promoción de los derechos de los pueblos indígenas.

El gobierno y sus aliados dentro del sector privado están decididos a promover inversiones en los sectores de la minería y la energía que, según ellos, estimularán el desarrollo económico al crear empleos y generar los ingresos necesarios para financiar tanto la infraestructura como los programas sociales. Los opositores, incluyendo algunas comunidades mayas directamente afectadas por estos proyectos, temen que los beneficios serán sólo para una reducida élite, mientras que los pobres de zonas rurales tendrán que padecer los costos ambientales y sociales.

El pasado reciente de Guatemala convierte este descontento social en algo particularmente peligroso. Entre 1960 y 1996, el país sufrió una de las campañas contrainsurgentes más brutales en la historia de América Latina. Una comisión de las Naciones Unidas estimó que unas 200,000 personas murieron, en su mayoría asesinadas por las fuerzas de seguridad en comunidades maya del altiplano occidental.

Ambos extremos del espectro político han usado la tragedia de Totonicapán para evocar el pasado: algunos activistas denominaron los asesinatos como una masacre, sugiriendo que el ejército mató deliberadamente a los manifestantes. Algunos sectores conservadores han insinuado una conspiración radical para crear mártires y neutralizar a las fuerzas armadas.

El presidente Pérez Molina ha tomado varias medidas para reducir las tensiones. En el caso de Totonicapán, su gobierno promovió reuniones entre las autoridades locales, la empresa de electricidad y los funcionarios gubernamentales, y logró un acuerdo para reducir el costo del alumbrado público. Su gobierno también prometió promover una ley de desarrollo rural (ahora estancada en el congreso) que podría aliviar la pobreza indígena a través de la producción local de alimentos y el acceso a la tierra.

Pero la tensión sobre la minería y los proyectos hidroeléctricos continúa avivando conflictos en muchas áreas rurales. El gobierno necesita dar a las poblaciones indígenas voz y participación en la formulación e implementación de políticas que impacten sus intereses fundamentales.

La responsabilidad no sólo está en las manos de los gobernantes nacionales. Las autoridades locales y comunales, así como las organizaciones que representan los intereses indígenas y/o rurales, necesitan negociar de buena fe para alcanzar arreglos democráticos sobre cómo administrar los recursos naturales. También deben comprometerse a realizar protestas pacíficas que infrinjan lo menos posible los derechos y modos de vida de otras comunidades.

RECOMENDACIONES

Para evitar futuras confrontaciones y darle a las comunidades indígenas voz y participación en el desarrollo rural

A las autoridades guatemaltecas (nacionales y locales), fuerzas de seguridad, inversionistas y partidos políticos:

1.  El presidente Pérez Molina debe comprometerse a cumplir la reforma policial en plazos determinados y con metas precisas– incluyendo el entrenamiento y equipamiento de unidades especializadas en control de multitudes – para que así los militares puedan ser retirados de las funciones de seguridad pública.

2.  Las fuerzas de seguridad deben trabajar en estrecha colaboración con los organizadores de las protestas (y viceversa) para garantizar que las manifestaciones puedan proceder de manera pacífica con el menor daño posible a la actividad económica y el transporte.

3.  El Congreso debe crear medios legales para canalizar las preocupaciones legitimas de las comunidades sobre la degradación ambiental y el impacto socioeconómico de los proyectos hidroeléctricos y de minería. Para este fin tienen que buscar aportes de líderes indígenas para establecer en la ley las consultas de “buena fe” requeridas bajo el Convenio no.169 de la Organización Internacional del Trabajo.

4.  El Sistema Nacional de Diálogo Permanente (SNDP) debe promover una revisión integral de las mejores prácticas extractivas, en estrecha colaboración con inversionistas, grupos ambientales y organizaciones indígenas, con el fin de idear estrategias conjuntas destinadas a proteger los intereses locales.

5.  Las autoridades municipales deben trabajar en conjunto con las autoridades indígenas para distribuir los recursos gubernamentales de una manera transparente y equitativa, y fijar tarifas para los servicios públicos, como el alumbrado público, relativo al uso y a los ingresos.

6.  Los inversionistas deben investigar con diligencia tanto el contexto ambiental como de derechos humanos, tomando en cuenta las necesidades especiales de las comunidades indígenas. Además necesitan llevar a cabo estudios preliminares y de monitoreo constante en colaboración con la comunidad para asegurar la credibilidad de los mismos.

7.  Los partidos políticos deben promover la participación indígena en los más altos niveles y considerar mecanismos más democráticos y abiertos para la selección de los candidatos y funcionarios locales.

Guatemala/Bogotá/Bruselas, 6 febrero 2013
 
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