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¿De bastón a catalizador?: la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala

Latin America Report N°56 29 Jan 2016

People hold national flags and a sign reading I love CICIG.

AFP/Johan Ordonez


This report is also available in: English

RESUMEN EJECUTIVO Y RECOMENDACIONES

Guatemala – uno de los países más violentos, desiguales y pobres de América Latina – tiene una oportunidad quizás excepcional. Un nuevo presidente, Jimmy Morales, fortalecido por una victoria aplastante, ha asumido el poder ofreciendo poner fin a la corrupción. La vieja élite política es un caos. Los ciudadanos están presionando para que se lleven a cabo reformas que mejoren la eficacia de la justicia y la transparencia del gobierno. Detrás de estos cambios está un experimento único, la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), cuyos investigadores trabajan junto a los fiscales nacionales para desmantelar las redes criminales que han penetrado el Estado. No obstante, la CICIG no es una solución permanente. Guatemala perderá esta oportunidad si sus líderes no asumen como propia la lucha contra la impunidad, aprueban las reformas a la justicia y a la seguridad que se encuentran paralizadas y obtienen los recursos financieros necesarios para fortalecer sus instituciones.

La CICIG comenzó a funcionar en 2007, con la investigación de grupos de seguridad clandestinos que continuaron operando desde el interior del Estado tras los acuerdos de 1996 que pusieron fin a 36 años de conflicto armado. Estos grupos siguen perjudicando al Estado, aunque ahora su principal objetivo no es eliminar opositores políticos, sino obtener poder económico. El apoyo y financiamiento internacional garantizan la independencia de la comisión, si bien ésta opera bajo las leyes guatemaltecas. A diferencia de las iniciativas tradicionales, no solo capacita, sino que además trabaja codo a codo con los fiscales y policías, proporcionándoles los conocimientos técnicos e independencia política necesarios para obligar a poderosos bajo sospecha a rendir cuentas ante la ley.

La CICIG ha impulsado y ayudado a implementar un programa de protección de testigos, endurecer el control de armas, establecer normas para las interceptaciones de comunicaciones y crear tribunales de alto riesgo para juzgar a los acusados especialmente peligrosos. Al mismo tiempo, ha llevado a cabo complejas investigaciones de alto perfil que han resultado en acusaciones de fraude contra un expresidente, por ejecuciones extrajudiciales contra un exministro y otros altos funcionarios de seguridad, y de fraude, asociación ilícita y homicidio contra docenas de funcionarios y presuntos narcotraficantes.

Sin embargo, la comisión ha sufrido importantes reveses y limitaciones. Algunos casos de alto perfil han sido sobreseídos. Ciertas reformas clave, como la ley de la carrera judicial, han quedado estancadas en el Congreso. Si bien ha ayudado a fortalecer ciertas unidades especializadas, el Ministerio Público sigue desbordado, incluso ausente, en gran parte del país. Otras instituciones fundamentales para combatir la impunidad – en particular la policía civil y el poder judicial – siguen siendo débiles, vulnerables a la corrupción, y por lo general impunes.

La CICIG asestó los golpes más espectaculares contra la impunidad en 2015, arrestando casi 200 funcionarios por distintos casos de corrupción y desarticulando una trama para defraudar millones de dólares al sistema aduanero. En colaboración con fiscales nacionales, la CICIG reunió y analizó una enorme cantidad de pruebas. Según los fiscales, esas evidencias los condujeron al presidente Otto Pérez Molina, quien renunció (aunque negó estar implicado en alguna actividad criminal) y actualmente se encuentra detenido en una prisión militar a la espera de juicio.

Gran parte del éxito reciente de la CICIG se debe a la tenacidad y persistencia de su actual comisionado, Iván Velásquez, un jurista conocido por revelar los vínculos entre políticos y estructuras paramilitares en Colombia, su país natal. Sin embargo la CICIG no podría funcionar sin la estrecha colaboración y el apoyo de los investigadores guatemaltecos. Fiscales generales muy diferentes entre sí – la ex activista de derechos humanos Claudia Paz y Paz y la experimentada jurista Thelma Aldana – han demostrado poseer la independencia y el coraje necesarios para perseguir casos complejos y controvertidos contra poderosos bajo sospecha.

Un ingrediente clave es el apoyo popular. Tanto la comisión como los fiscales gozan de amplia aprobación entre los ciudadanos cansados del crimen violento y la corrupción. Las investigaciones fortalecieron a un amplio movimiento cívico organizado alrededor de la reforma judicial y la transparencia gubernamental. En un país durante mucho tiempo polarizado por diferencias ideológicas, económicas y étnicas, la cruzada contra la corrupción ha unido, al menos por el momento, a grupos diversos, desde asociaciones empresariales a organizaciones sindicales, profesionales urbanos y líderes indígenas.

La indignación por la corrupción en el gobierno mantiene unido al movimiento, pero sin una clara agenda de cambio. Los líderes políticos de Guatemala deberían canalizar el descontento hacia un debate nacional sobre las reformas necesarias para fortalecer la justicia y fomentar la rendición de cuentas. Morales, un ex comediante de televisión, hizo campaña como un anti-político. Aún no ha propuesto un programa de reformas claro que incluya nueva legislación para garantizar la independencia de jueces y fiscales, endurecer las leyes de financiamiento de campañas electorales, y fortalecer la policía nacional civil en cuanto a su honestidad y su profesionalismo. Asimismo, el Estado – débil e insuficientemente financiado – debe implementar reformas tributarias a fin de proporcionar a sus instituciones judiciales los recursos necesarios para pagar buenos salarios, brindar condiciones de trabajo decentes y ampliar su cobertura a todo el país.

El mandato de la CICIG finaliza en septiembre de 2017, aunque, sabiamente, el presidente ha propuesto prorrogarlo. No obstante, la ayuda internacional no puede durar indefinidamente. La comisión es la mejor oportunidad que tiene Guatemala para implementar una verdadera reforma judicial, y esa oportunidad no debería ser desperdiciada. El gobierno debe comenzar a planificar su salida fortaleciendo su propia capacidad para combatir el crimen y la corrupción.

Explore en nuestra línea del tiempo interactiva la historia de la CICIG y los eventos ocurridos en Guatemala durante 2015.

 

RECOMENDACIONES

Para transformar las promesas de lucha contra la corrupción en planes de acción claros y prepararse para el momento en que ya no sea necesaria la CICIG

Al gobierno de Guatemala:

1.  Promover, adoptar e implementar legislación y políticas para profundizar la profesionalización de fiscales y jueces, incluida la reforma del proceso de selección y reclutamiento, mandatos más largos para garantizar la independencia, y nuevos mecanismos para evaluar el desempeño y frenar la corrupción.

2.  Reanudar los esfuerzos para transformar la policía civil en una fuerza profesional centrada en la prevención de la violencia y fortalecer su órgano de investigación para colaborar con los fiscales en la resolución de crímenes, incluida la transferencia de capacidades y conocimiento de la CICIG.

3.  Proporcionar a la policía, fiscales y jueces mayores recursos para luchar contra el crimen y la impunidad mediante reformas tributarias, entre otras cosas demandando a los líderes del sector privado, especialistas económicos y la sociedad civil a que desarrollen propuestas para mejorar la eficacia, equidad y transparencia de los impuestos y el gasto,

Al Congreso de Guatemala:

4.  Trabajar con todos los partidos, el presidente y la sociedad civil para desarrollar una estrategia, que incluya la reforma tributaria, para combatir la corrupción y fortalecer las instituciones de justicia y de seguridad.

5.  Convocar inmediatamente una votación final sobre el proyecto de ley para reformar los partidos políticos y endurecer las normas aplicables al financiamiento de campañas electorales.

6.  Volver a convocar al grupo de trabajo sobre reforma judicial, reuniendo a legisladores, la CICIG, jueces y la sociedad civil para proponer y debatir iniciativas para fortalecer la independencia y competencia del poder judicial, así como la posibilidad de restringir la inmunidad de los diputados y otros funcionarios públicos, e indicar como hacerlo.

Al Poder Judicial de Guatemala:

7.  Brindar capacitación adicional a jueces de todos los niveles sobre el uso del análisis criminal, pruebas científicas y nuevas herramientas fiscales, así como la negociación de penas con acusados, informantes y colaboradores.

8.  Trabajar con el presidente, el Congreso y la sociedad civil en la ley de la carrera judicial y otras iniciativas para lograr que el poder judicial sea más independiente y profesional.

Al Ministerio Público (MP) de Guatemala y la CICIG:

9.  Ampliar la cooperación para transferir competencias a fiscales especializados que estén trabajando en casos complejos, como aquellos que investigan el crimen organizado, el lavado de dinero y el tráfico de personas.

10.  Fortalecer la oficina de asuntos internos del MP para identificar, sancionar o destituir a funcionarios por mala conducta.

11.  Trabajar conjuntamente en una estrategia para desarrollar un cuerpo profesional de policía de investigación.

12.  Fomentar la rendición de cuentas dentro del MP y la CICIG mediante el diseño de objetivos e indicadores medibles.

A los EE.UU., la Unión Europea y sus Estados miembros y otros Estados e instituciones donantes:

13.  Continuar proporcionando a la CICIG los recursos necesarios para concluir su trabajo, incluídos fondos adicionales para el desarrollo de sus capacidades.

14.  Alentar a otros países que estén luchando contra la corrupción y la violencia a considerar la instalación de un mecanismo similar a la CICIG, mediante alianzas locales internacionales.

Ciudad de Guatemala/Bogotá/Bruselas, 29 de enero de 2016
 
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