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Una Policía de la cual sentir orgullo

Javier Ciurlizza, Siglo21  |   21 Jul 2012

El presidente Pérez Molina ha obtenido algunos logros importantes en la lucha contra la criminalidad en Guatemala. El fortalecimiento de unidades de investigación especiales y la experiencia en algunas localidades con estrategias comunitarias son algunas señales alentadoras. Sin embargo, la Policía Nacional Civil (PNC) enfrenta serios retos para ganar la confianza ciudadana. Es tiempo de impulsar con decisión una reforma policial que garantice la seguridad y los derechos de todos los guatemaltecos.

Nacida de los Acuerdos de Paz de 1996, la PNC se ha duplicado en número hasta tener alrededor de 25 mil miembros. Los sucesivos gobiernos han promovido (al menos en los discursos) muchas iniciativas para fortalecerla. La cooperación internacional ha invertido considerables recursos para ayudar al Estado a enfrentar el problema.

Algunos casos notorios, como el del asesinato del cantautor argentino Facundo Cabral han demostrado que los policías pueden obtener resultados. La cooperación de gobiernos como los de España y Estados Unidos han fortalecido el apoyo a unidades especiales. Por otro lado en experiencias piloto en Mixco y Villa Nueva, se ha demostrado que el liderazgo es un elemento central.

Sin embargo, la lista de temas pendientes y urgentes por atender es aún larga y la cultura institucional de la Policía todavía no se transforma. Sin reformas adicionales, estos avances corren el riesgo de ser flores de un día.

El despliegue de tropas militares para enfrentar a los poderosos cárteles del narcotráfico puede estar justificado bajo especiales circunstancias. Sin embargo, los militares no pueden ni deben remplazar a la Policía en la lucha contra la criminalidad.

El plan de reforma policial deberá ser profundizado y mejorado por la actual comisionada, Adela de Torrebiarte. La comisión que ella preside requiere todo el apoyo que el Gobierno pueda darle. Se requiere de mejores ingresos fiscales y que la cooperación internacional no deje de apoyar este proceso.

Pérez Molina tiene ante sí una ardua tarea. La debe hacer en medio de una década de alta violencia criminal, agravada por la presencia de poderosos carteles del narcotráfico. Es lógico que una parte de la población demande resultados inmediatos y pida más mano dura. Pero le corresponde al Gobierno ponderar esa demanda con la necesidad de que los cambios sean sostenibles en el tiempo y que se hagan en el marco de la democracia y los derechos humanos.

Con la finalidad de contribuir a este indispensable debate, se debe fortalecer la policía comunitaria. Asimismo, se debe luchar contra la corrupción al interior de la Policía, reclutar mejores instructores policiales, proporcionar entrenamiento continuo, así como mejorar las condiciones salariales y de beneficios.

Es urgente que el Congreso apruebe una ley de carrera policial que permita reglas claras de reclutamiento, ascenso y procedimientos disciplinarios y que no someta a la Policía a los vaivenes de los cambios de autoridades. Por otro lado, el Congreso debe definir con mayor precisión que el control del orden interno está a cargo de la Policía y no del Ejército.

Finalmente, es vital que la comunidad internacional continúe proporcionando ayuda financiera y técnica al proceso de reforma policial, pero que al mismo tiempo eviten la duplicación de esfuerzos, prioricen los proyectos de manera concertada, fortalezcan los centros de formación policial y que procuren replicar aquellas experiencias que han mostrado tener mejores resultados.

Los desafíos son múltiples y complejos, pero si el gobierno, el congreso, las instituciones judiciales y la cooperación internacional trabajan juntos para profundizar estas reformas, Guatemala podrá contar con un cuerpo policial del cual sentirse orgulloso.

Javier Ciurlizza, director del Programa para América Latina y el Caribe de International Crisis Group.

Siglo21

 
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