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Homepage > Regions / Countries > Latin America & Caribbean > Mexico > Justice at the Barrel of a Gun: Vigilante Militias in Mexico

Justicia en el cañón de un arma: las milicias civiles en México

Latin America Briefing N°29 28 May 2013

PANORAMA GENERAL

Una rápida expansión a comienzos de 2013 de milicias civiles–grupos de civiles armados que dicen combatir el crimen- ha creado una tercera fuerza en la violencia entre cárteles en México. Algunos de estos grupos de civiles armados están conformados por ciudadanos bien intencionados que han detenido a cientos de presuntos delincuentes. Sin embargo, representan un desafío al monopolio imprescindible del gobierno sobre el uso de la fuerza para impartir justicia. En tanto que las milicias se expanden, también existe la preocupación de que algunas están siendo utilizadas por los grupos criminales para combatir a sus rivales y controlar territorio. El gobierno de Peña Nieto debe desarrollar una política congruente para lidiar con los grupos de civiles armados, para que así se pueda trabajar con los auténticos proyectos de policía comunitaria y al mismo tiempo pueda contener la expansión continua de grupos armados irregulares; esto también exige demostrar que el Estado está preparado para restaurar la ley y el orden por sí solo. Si el gobierno deja de hacer frente a este asunto, las milicias civiles se podrían esparcir a través del territorio mexicano, desencadenando más violencia y erosionando aún más el Estado de Derecho.

El Presidente Peña Nieto debe enfrentar a cárteles despiadados y bien armados que imperan en algunas zonas del país, así como a los problemas derivados de la falta de coordinación entre los cuerpos de seguridad a nivel nacional, estatal y municipal, así como a un legado de impunidad. La presencia gradual de milicias civiles en al menos nueve de los 31 estados, desde cerca de la frontera con Estados Unidos hasta el sureste, sin embargo, añade otro peligroso nivel de complejidad al desafío de seguridad. Su epicentro, en el que este boletín se enfoca, está en los estados del Pacífico de Guerrero y Michoacán, en donde miles de hombres armados han sido partícipes de una serie de organizaciones civiles armadas. Ha habido más de 30 asesinatos desde enero de 2013, cometidos por o en contra de los grupos de civiles armados, y estos estados se han convertido en zonas de inseguridad cada vez más preocupantes. Mientras que los asesinatos relacionados con grupos de civiles armados representan sólo una fracción de los más de 5,000 asesinatos relacionados con los cárteles que se han llevado a cabo en México durante los primeros cinco meses del gobierno de Peña Nieto, la inquietud recae en que este nuevo tipo de violencia podría extenderse al resto del territorio.

La violencia coincide con una serie de protestas en contra de reformas gubernamentales en estos estados, que incluye bloqueos de carreteras y saqueos a camiones de reparto de alimentos como parte de un reto mayor a la autoridad. El gobierno emprendió una importante estrategia de seguridad en Michoacán en mayo que ha debilitado la presencia de grupos civiles armados en el lugar, por lo menos en el corto plazo. En Guerrero, el gobierno estatal ha llegado a acuerdos con algunos de los líderes de las milicias civiles en un intento por aminorar su impacto. Sin embargo, algunos grupos de civiles armados siguen activos y varios de los problemas centrales de inseguridad que llevaron a su formación siguen sin ser resueltos.

El asunto de las milicias civiles se complica por el hecho de que muchas comunidades, particularmente indígenas, tienen una tradición de policía comunitaria que data de siglos atrás. Muchos de estos grupos han mostrado tener éxito y demostrado estrategias legítimas de seguridad. Sin embargo, cuán lejos pueden llegar estos grupos comunitarios en portar armas e impartir justicia es legalmente ambiguo. Además, muchas de estas nuevas milicias copian el lenguaje y demandan los mismos derechos que las policías comunitarias, incluso cuando no provienen de una tradición local o no están arraigadas en comunidades indígenas.

El gobierno debe trabajar con una policía comunitaria auténtica y no armada, así como definir claramente los parámetros sobre lo que pueden y no pueden hacer. Algunas reglas pueden ser creadas sobre la base de los lineamientos que están siendo desarrollados bajo las leyes estatales y federales o expandiendo los acuerdos que actualmente están siendo elaborados entre los gobiernos estatales y los líderes comunitarios. En algunos casos, el gobierno debe requerir el desarme de los grupos civiles armados; y en otros, debe ser firme al arrestar y enjuiciar a los civiles armados con vínculos criminales. Pero el gobierno también debe mejorar la seguridad de manera significativa en todas las comunidades en donde se han formado estas milicias civiles. Muchos habitantes han tomado las armas porque el Estado les ha fallado en garantizarles protección. El clamor por la seguridad es legítimo; pero la justicia trabaja mejor a través de instituciones estatales y funcionales que a través de los cañones de fusiles privados.

Ciudad de México/Bogotá/Bruselas, 28 de mayo de 2013

 
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